Entre el invierno de 1931 y el verano de 1933, bajo la coalición de partidos que presidía
Manuel Azaña, la República conoció su etapa más dinámica y fructífera. La amplia mayoría parlamentaria que disfrutaba la izquierda gobernante permitió la puesta en marcha de un ambicioso programa de
reformas sociales y administrativas. Buena parte de estas medidas figuraban desde hacía tiempo en los programas de la izquierda burguesa y de la socialdemocracia y habían comenzado a ser aplicadas por el
Gobierno provisional. Pero era ahora, una vez aprobada la
Constitución, y fuera del Gabinete los sectores más conservadores de la Conjunción republicano-socialista, cuando sería posible acometer la
reforma agraria, la
modernización de las Fuerzas Armadas, la universalización de la enseñanza, la transformación de las relaciones socio-laborales o la consolidación del sistema territorial de autonomías.