Al morir
Enrique IV, la
nobleza castellana está dividida entre los partidarios de
Isabel, dirigidos por el clan de los Mendoza, y los fieles a
Juana, entre los que se cuentan los antiguos dirigentes de la nobleza en época de Enrique: el marqués de Villena y el arzobispo toledano. Unos y otros se harán pagar su apoyo mediante la confirmación de sus propiedades y privilegios y la concesión de otros nuevos; ambas reinas intentarán atraerse a sus antiguos enemigos ofreciéndoles el perdón e importantes beneficios, pero mientras Juana está totalmente en manos de la nobleza, Isabel y
Fernando alternan las concesiones a los nobles con el encumbramiento en los puestos clave del Consejo Real y de la Contaduría o Hacienda de fieles partidarios reclutados entre los juristas y la pequeña nobleza. En éste, como en otros puntos, los
Reyes Católicos no innovan pero sí llevan a las últimas consecuencias la política del
primer Trastámara: aceptación de los privilegios económicos de los nobles y alejamiento de los cargos políticos y administrativos.